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Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 35 de la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento, de 26 de junio de 1963, según las cuales el servicio militar activo tiene como objetivo, en un primer tiempo, dar a los conscriptos una instrucción militar y una instrucción destinada a desarrollar su sentido cívico y, en un segundo tiempo, perfeccionar su formación y emplearlos, especialmente en unidades especializadas del ejército de tierra, para participar en las obras de construcción nacional.

La Comisión toma nota de las informaciones sucintas comunicadas por el Gobierno en su memoria, según las cuales los jóvenes gozan, en el marco del servicio militar, de una formación para la vida activa, al final de la cual son libres de todo compromiso.

Sin embargo, el Convenio no prohíbe que los militares de carrera que se incorporaron voluntariamente a las Fuerzas Armadas realicen trabajos que no revisten un carácter puramente militar (véase párrafo 46 del Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso).

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, los trabajos o los servicios exigidos en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio, sólo están excluidos del campo de aplicación del Convenio con la condición de que revistan un carácter puramente militar. De las mencionadas disposiciones, se deriva que los trabajos exigidos a los conscriptos, pueden no revestir un carácter puramente militar, pudiendo ser, por tanto, considerados como trabajos forzosos u obligatorios en el sentido del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner las disposiciones del artículo 35 de la ley núm. 63-5 de conformidad con el Convenio.

En sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado nota de la adopción de la ley núm. 2007-27, de 23 de octubre de 2007, sobre la institución del servicio militar de interés nacional, en aplicación de la ley núm. 63-5 sobre el reclutamiento, de 26 de junio de 1963, que ha sido objeto de los comentarios de la Comisión (véase supra), así como de la adopción del decreto núm. 2007-486, de 31 de octubre de 2007, sobre las modalidades generales de organización y de cumplimiento del servicio militar de interés nacional. Ha tomado nota de que, en virtud de los artículos 2 y 5 de la ley núm. 2007-27, el servicio militar de interés nacional — servicio de 12 meses de carácter obligatorio al que están sujetos todos los nacionales de Benin de los dos sexos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años —, completa el servicio militar activo. La Comisión ha tomado nota de que, en virtud del artículo 3 de la ley, el servicio militar de interés nacional tiene como objetivo la movilización de los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo del país. El artículo 4 precisa que, tras una primera fase de instrucción, los reclutas son, en una segunda fase, asignados a las administraciones, a las unidades de producción, a las instituciones y a los organismos, a efectos de participación en el cumplimiento de las tareas pertinentes de interés nacional de carácter social o económico. Según el artículo 18 del decreto núm. 2007-486, tras dos meses de formación militar, cívica y moral, los reclutas cumplen durante nueve meses tareas de desarrollo socioeconómico. La Comisión ha tomado nota de que las disposiciones de la ley núm. 2007-27 y del decreto núm. 2007-486, no satisfacen las condiciones del artículo 2, párrafo 2), a), del Convenio, en la medida en que los reclutas para el servicio militar de interés nacional son asignados a tareas de desarrollo socioeconómico que no revisten un carácter puramente militar. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar o derogar la ley núm. 2007-27 y el decreto núm. 2007-486, de modo de asegurar su conformidad con el Convenio.

En sus comentarios anteriores, la Comisión ha señalado que la ley núm. 83‑007, de 17 de mayo de 1983, que rige el servicio cívico patriótico, ideológico y militar, no está de conformidad con el Convenio, en la medida en que los que tienen que realizar ese servicio cívico y militar obligatorio son asignados, en función de sus aptitudes laborales, a una unidad de producción, y pueden imponérseles trabajos que no tienen un carácter puramente militar. La Comisión ha tomado nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en la práctica, esta ley ha dejado de aplicarse. Solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien indicar, en su próxima memoria, si se ha efectivamente derogado la ley núm. 83-007, de 17 de mayo de 1983 y, si procediera, comunicar una copia del texto derogatorio.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.