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Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de las indicaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en la memoria recibida para el período que termina en septiembre de 2009. El Gobierno incluye el Plan General de Empleo para el período 2008-2009, mediante el cual se pretende desarrollar el potencial productivo del país. El Gobierno declara en la memoria que en este momento de crisis mundial, la labor gubernamental se encamina hacia la consecución de un desarrollo sostenible basado en el trabajo decente. En enero de 2009, se puso en marcha el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE) para mitigar los efectos negativos de la crisis, mediante el cual se había previsto la generación pública y privada de empleos a través de la construcción de infraestructura vial, centros de salud, hospitales y escuelas y la promoción de la inversión nacional y extranjera. Las políticas sectoriales prioritarias del Gobierno son las políticas de energía, desarrollo rural, vivienda y microcrédito. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre el impacto que tuvo el Plan General de Empleo 2008-2009 y el PNERE para crear puestos de trabajo productivos y duraderos.

La Comisión advierte que según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2008, el crecimiento del PIB fue de un 4 por ciento, en comparación con el 6,3 por ciento registrado en 2007. Según el Gobierno, en 2008, la tasa de desempleo se situaba en el 5,67 por ciento (421.451personas) siendo Guatemala, Huehuetenango y San Marcos los municipios que tuvieron mayor tasa de desempleo. Además, según Panorama Laboral 2009, como consecuencia de la crisis económica, en 2008 disminuyeron las remesas familiares, que alcanzaron un monto equivalente al 11,3 por ciento del PIB. La reducción de las exportaciones tuvo una repercusión negativa en el empleo. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión había observado que el Gobierno intentó calcular el impacto del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (TLCCA) sobre el empleo. Algunas organizaciones de trabajadores expresaron su preocupación de que el TLCCA provocara la pérdida de numerosos empleos, especialmente en la agricultura y las pequeñas y medianas empresas, en el primer año de su aplicación (párrafo 32 del Estudio General de 2010). La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre el impacto que la política comercial haya tenido para satisfacer las demandas de empleo.

Artículo 3. Fortalecimiento de instituciones del mercado del trabajo. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre la creación del Sistema Nacional de Empleo para establecer políticas activas para la creación de empleo. El Gobierno también indica que el diseño y la formulación del Sistema Nacional de Empleo se han validado de forma tripartita. La Comisión se remite a su solicitud sobre la aplicación del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), en donde se expresó el interés por tener más indicaciones sobre la manera en que los interlocutores sociales cooperan en las actividades del servicio público del empleo. En este sentido, la Comisión se remite nuevamente al Estudio General de 2010, donde subrayó que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún en tiempos de crisis. Los instrumentos sobre el empleo requieren que los Estados Miembros promuevan y participen en consultas tripartitas genuinas (párrafo 794 del Estudio General de 2010). La Comisión invita al Gobierno a indicar la manera en que los interlocutores sociales participaron en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo para superar los efectos negativos de la crisis. La Comisión pide al Gobierno que incluya informaciones sobre las consultas que requiere el Convenio con todos los sectores interesados, tales como los representantes del sector rural, de la economía informal y de los trabajadores que se encuentran afectados por el descenso de las exportaciones.

Artículo 2. Recopilación y utilización de información relativa al mercado del trabajo. La Comisión toma nota de la reactivación del Observatorio del Mercado del Trabajo. En el marco del PNERE, se realizará una encuesta trimestral de situación del empleo a nivel nacional que permita dar seguimiento a las condiciones del mercado laboral e identificar sectores productivos y áreas geográficas que requieran estímulos adicionales para preservar los puestos de trabajo. El Plan Operativo de 2009 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social estableció que se promuevan proyectos y programas para favorecer a los sectores más vulnerables como son los jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad y facilitar su inserción laboral. Pese al incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral, según Panorama Laboral 2009, la tasa de participación activa de las mujeres sigue siendo sustancialmente inferior a la de los hombres, situándose en un 45,2 por ciento (la tasa de participación de los hombres alcanza un 82,5 por ciento). Además la tasa de analfabetismo de personas de 15 y más años de edad, se sitúa en un 25,2 por ciento, encontrándose la tasa femenina en un 32,1 por ciento y la masculina en un 18,3 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre la situación, nivel y tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que han tenido las nuevas medidas adoptadas para favorecer el empleo de los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores rurales y de la economía informal). Para los trabajadores con discapacidades, la Comisión se remite a la solicitud que formula en relación con el Convenio núm. 159.

Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. El Gobierno expresa en su memoria que se les encarga a los empresarios que manifiesten sus necesidades específicas para generar mecanismos de formación para el trabajo, según las necesidades específicas del mercado laboral. Los empresarios conocen más de cerca las necesidades de formación para incorporar trabajadores al sector productivo y manifiestan dichas necesidades dentro de las actividades del Sistema Nacional de Empleo. En su Estudio General de 2010, la Comisión puso de relieve la función cada vez más importante de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación para la definición de estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria indique la manera en que los representantes de los trabajadores y de los empleadores han contribuido para desarrollar mecanismos de formación para el trabajo. La Comisión pide también al Gobierno que informe sobre el impacto alcanzado por los planes y programas del Ministerio de Educación y de INTECAP, así como aquéllos ejecutados por el Sistema Nacional del Empleo, para que las personas que hayan adquirido la formación puedan ocupar empleos que les «convenga y utilizar en este empleo la formación y las facultades que posean» (artículo 1, párrafo 2, c), del Convenio).