CMNT_TITLE

La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica nuevamente que todavía no se ha promulgado ninguna disposición destinada a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la contaminación del aire, pero que en conformidad con el capítulo P 125 de la Ley de Salud Pública, el Ministro de Salud está facultado para adoptar todas las medidas necesarias a fin de suprimir todo factor nocivo que pueda ser perjudicial para la salud, y que los funcionarios en materia de salud en el medio ambiente tienen facultades para entrar en todo lugar de trabajo y realizar las inspecciones o exámenes que puedan ser necesarios a los fines de la ley. Además, el Ministro está facultado para elaborar reglamentos para la protección de la salud de las personas expuestas a condiciones, sustancias o procesos que puedan ser perjudiciales para la salud. La Comisión toma nota también de que, si bien no se ha adoptado ningún reglamento de ese tipo, el Gobierno indica que considerará la elaboración de tales reglamentos.

La Comisión recuerda que las obligaciones en virtud de este Convenio respecto a la contaminación del aire fueron aceptadas y convertidas en aplicables en Anguilla por la declaración sin modificación de fecha 11 de julio de 1980, y que la Comisión, en varios comentarios formulados desde 1991 ha señalado a la atención del Gobierno el artículo 4 del Convenio que dispone que la legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales en el medio ambiente de trabajo debidos a la contaminación del aire y que para la aplicación práctica de las medidas así prescritas se podrá recurrir a la adopción de normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y otros métodos apropiados. La Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias, ya sea mediante la adopción de un reglamento en virtud del artículo 20, 1), de la ordenanza laboral núm. 8 de 1996 o adoptando los métodos adecuados para garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la contaminación del aire e invita al Gobierno a informar sobre los progresos realizados a este respecto.