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La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno correspondiente al período que culmina en mayo de 2008 y de las informaciones transmitidas en relación con la observación de 2007.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota del aumento de los índices de actividad y de empleo desde marzo de 2005 y de la consecuente disminución del nivel de desempleo. Según los datos que publica la OIT en Panorama Laboral 2008, el crecimiento económico se reflejó también en la evolución positiva de los principales indicadores laborales. Tanto a nivel nacional como urbano, prosiguió el retroceso de la desocupación. En los 11 primeros meses de 2008 la tasa de desempleo nacional fue del 7,7 por ciento y la urbana del 8 por ciento (1,6 y 1,8 puntos porcentuales menos que las registradas en similar período de 2007, respectivamente). Estos resultados se debieron a un importante crecimiento de la demanda laboral (la tasa de ocupación nacional aumentó en un punto porcentual para llegar al 57,6 por ciento), a lo que contribuyó una ligera reducción de la oferta laboral. La disminución del desempleo femenino fue mayor que la del masculino aunque el desempleo femenino sigue duplicando al masculino encontrándose en un 10,6 por ciento mientras que el masculino se encontró en un 5,8 por ciento. El Gobierno se propone realizar reformas estructurales tales como la reforma del Estado, la reforma tributaria y la adopción de políticas económicas con la finalidad de impulsar el Uruguay Productivo, incrementando las fuentes de trabajo y mejorando la calificación de los trabajadores. En materia laboral, el Gobierno busca impulsar el desarrollo y la formación empresariales, incentivar la aplicación de avances tecnológicos de la innovación y de la calidad, favorecer la descentralización geográfica, preservar el medio ambiente y promover las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el Gobierno, el equilibrio financiero, sumado a los beneficios del comercio internacional y la puesta en funcionamiento de regulaciones y acciones que beneficiaron la situación de los trabajadores, como la reinstalación de los Consejos de Salarios, han incidido en las condiciones de trabajo y en la generación de empleo.

En el marco de aplicación de la política activa de empleo, el Gobierno convino con la OIT la ejecución del Programa de Trabajo Decente en febrero de 2007. El objetivo de dicho Programa es facilitar la elaboración de estrategias y acciones destinadas a garantizar los derechos fundamentales en el trabajo en una dimensión tanto cuantitativa como cualitativa. Uno de los objetivos específicos del Programa es la creación de empleo productivo, con alta cobertura formal, dotado de protección social y garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, con especial consideración a la equidad de género, a los jóvenes y al pluralismo étnico. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando acerca de cómo las medidas adoptadas en el marco del Programa de Trabajo Decente han permitido promover los objetivos del pleno empleo productivo del Convenio. Sírvase también indicar si se han logrado los objetivos de superación de la pobreza, reducción de las desigualdades sociales y garantía de desarrollo sostenible que se establecieron en el Programa de Trabajo Decente.

Trabajadores de la economía informal. La Comisión toma nota de que según el Instituto Nacional de Estadística, la informalidad del empleo, entendido como la ausencia de inscripción en la seguridad social, se ubica en el 33,4 por ciento. El sector informal ocupa un segmento del empleo de baja calidad, lo que plantea al Gobierno y a los actores sociales el desafío de diseño y ejecución de políticas y marcos legales que faciliten su inserción laboral en condiciones adecuadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha puesto en funcionamiento diferentes líneas de acción: la Ley de Trabajo Doméstico que promueve el registro de las trabajadoras, el Programa Objetivo Empleo que otorga beneficios a las empresas registradas ante la seguridad social y la instalación de una Comisión de Informalidad en el Marco del Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando sobre las medidas adoptadas para integrar progresivamente los trabajadores de la economía informal en el mercado formal del empleo. Sírvase también dar a conocer aquellas recomendaciones formuladas por la Comisión de Informalidad en relación con la inserción laboral de los trabajadores de la economía informal.

Cooperativas. La Comisión toma nota con interés de que en octubre de 2008 se ha promulgado la ley núm. 18407 de cooperativas que tiene por finalidad regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo. La ley también prevé la creación del Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) para promover el desarrollo económico, social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información acerca de los progresos que haga el INACOOP para fomentar las cooperativas de trabajo y las cooperativas sociales, cuyo objetivo es lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Políticas en materia de enseñanza y oferta de formación profesional. La Comisión toma nota de los programas de capacitación e inserción laboral ejecutados para jóvenes (PROJOVEN), trabajadores rurales, personas con discapacidad (PROCLADIS), mujeres (PROMUJER) y para el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas (FOPYMES) y el Programa de creación de microemprendimientos. También toma nota de la posibilidad que tienen las empresas de deducir del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) sus gastos de capacitación como medida para fomentar la formación continua. La Comisión solicita que se le siga informando acerca de las acciones de capacitación para trabajadores en actividad, desempleados recientes y de larga duración.

Participación de los interlocutores sociales en las políticas de empleo. La Comisión toma nota de que durante 2007 se han acordado los términos del anteproyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Según el Gobierno, el anteproyecto avanza sustantivamente en la institucionalidad y cometidos de esta instancia tripartita, incorpora fondos estatales en paridad a los que aportan empleadores y trabajadores y establece diversos niveles de gestión a nivel sectorial (Comités Sectoriales de Empleo) y a nivel territorial (Comités Departamentales y Locales de Empleo), dotando a los Comités Departamentales de infraestructura y apoyo económico para su gestión. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información acerca de los avances realizados para fortalecer los mecanismos que permitan elaborar y llevar a la práctica, en consulta con los interlocutores sociales, medidas de políticas del empleo como las que requiere el Convenio.