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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que es prácticamente una repetición de la información general ya presentada en sus memorias anteriores en 2003 y 2000. La Comisión recuerda su comentario detallado remitido en 2005 y nuevamente en 2006, en el que solicitaba al Gobierno que aclarara el estado de la ley y de la práctica y que comunicara información completa acerca de la aplicación de numerosas disposiciones del Convenio. Ante la ausencia de alguna respuesta específica, la Comisión se ve obligada a solicitar una vez más al Gobierno que comunique información concreta, incluidas copias de leyes, reglamentaciones o instrucciones administrativas pertinentes, sobre las medidas correspondientes adoptadas o previstas en relación con los puntos siguientes: sanciones por violaciones de la legislación pertinente (artículo 3, 2), d), e), del Convenio); inspección periódica y basada en las quejas de los barcos pesqueros (artículo 5); mamparos estancos al agua y al gas (artículo 6, 3)); prohibición del sistema de calefacción a llama descubierta (artículo 8, 3)); indicación del número máximo de personas que pueden alojarse en un dormitorio (artículo 10, 9)); un lavabo por cada seis personas o menos (artículo 12, 2), c)); calidad de los tubos de descenso y de evacuación y medios para tender la ropa (artículo 12, 7), 11)); enfermería exigida para los barcos de más de 45,7 metros de eslora (artículo 13,1)); alteraciones en los barcos existentes para garantizar la conformidad con el Convenio (artículo 17, 2)-4)).

Además, se solicita nuevamente al Gobierno que explique de qué manera se asegura la aplicación de las siguientes disposiciones: artículo 6, 2), 4), 7), 9)‑11), 13), 14); artículo 8, 2)); artículo 9, 5); artículo 10, 1), 5), 13)‑26); artículo 11, 7), 8); y artículo 16, 6).

Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno hace una renovada referencia al decreto núm. 30, de 2001, de la Comisión Estatal para la Pesca en torno al Reglamento sobre el Registro de los Buques Pesqueros y sus Derechos en los Puertos Marítimos Pesqueros, como se prevé en el control de la aplicación del Convenio, a través de inspecciones sistemáticas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el mencionado decreto, en su forma enmendada por el decreto núm. 176, de 2003, de la Comisión Estatal para la Pesca, no parece contener ninguna disposición específica sobre la inspección de los busques pesqueros. Por consiguiente, solicita al Gobierno que comunique explicaciones adicionales al respecto.

Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que, según la información estadística publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2002, la flota de altura comprendía 2.500 buques pesqueros, de los cuales el 17 por ciento eran buques grandes de más de 64 metros de eslora, el 51 por ciento eran buques de tamaño mediano o de 34-65 metros de eslora, y el 32 por ciento eran pequeños buques, o de 24-34 metros de eslora. Según la misma información, la flota pesquera se había contraído en la última década en casi el 40 por ciento, especialmente en los grandes buques, mientras que las dos terceras partes de la flota son muy antiguas. Por último, se cree que la industria pesquera suministra empleo a más de 150.000 personas, lo cual representa el 1 por ciento del empleo industrial total. La Comisión valorará que el Gobierno comunique información actualizada sobre la aplicación práctica del Convenio, incluyéndose, por ejemplo, estadísticas sobre el tamaño de la flota pesquera, desglosadas por categoría y edad del buque, empleo estimado, número de empresas activas en el sector, importancia de la industria pesquera en la economía nacional y tendencias actuales de la industria pesquera, copias de los informes o estudios oficiales de la Comisión Estatal para la Pesca o de otros organismos competentes, etc.

Por último, la Comisión hace propicia la ocasión para señalar a la atención del Gobierno el nuevo Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), que revisa y actualiza, de manera integrada, la mayoría de los instrumentos vigentes de la OIT relacionados con la pesca. El nuevo Convenio confiere un marco regulador moderno y flexible que comprende las grandes actividades pesqueras y también aborda los asuntos relativos a las pesquerías de pequeña escala. En particular, el anexo III del Convenio sobre el trabajo en la pesca reproduce esencialmente las disposiciones del Convenio núm. 126, añadiendo una nueva tasa de conversión eslora-arqueo (24 metros equivalen a 300 de arqueo bruto) y también la posibilidad de introducir, en determinadas condiciones, «requisitos alternativos» limitados en lo que atañe a la altura, a la superficie cubierta útil por persona, a las dimensiones de las literas y a los medios sanitarios. La Comisión invita al Gobierno a que dé la debida consideración a la nueva ley general sobre las condiciones de trabajo y de vida de los pescadores y a que mantenga informada a la Oficina de toda decisión que pueda adoptar respecto de su aceptación formal.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2009.]