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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y lamenta observar que la misma no responde a las cuestiones planteadas. La Comisión observa que la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la Unión General de Trabajadores de Santo Tomé y Príncipe (UGT-STP) enviaron comentarios sobre la aplicación del Convenio, relativas en su mayor parte a las cuestiones pendientes.

La Comisión recuerda que desde hace varios años formula comentarios sobre la necesidad de que el Gobierno tome medidas para modificar las siguientes disposiciones de la ley núm. 4/92 que se refieren a las siguientes cuestiones:

–           mayoría demasiado elevada exigida para declarar una huelga (artículo 4 de la ley núm. 4/92);

–           importancia de que en caso de divergencia en cuanto a la definición de los servicios mínimos, la cuestión sea resuelta por un organismo independiente y no por el empleador (párrafo 4 del artículo 10 de la ley núm. 4/92);

–           contratación de trabajadores autorizada por la autoridad responsable, sin consultas con las organizaciones sindicales concernidas para garantizar los servicios indispensables, a fin de mantener la viabilidad económica y financiera de la empresa, en caso de que la huelga amenace gravemente esta viabilidad (artículo 9 de la ley núm. 4/92);

–           arbitraje obligatorio para servicios no esenciales en el sentido estricto del término (aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) (correo y servicios bancarios y de crédito; artículo 11 de la ley núm. 4/92).

La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar las disposiciones legislativas comentadas, a efectos de poner la legislación en conformidad con el Convenio y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto.

Asimismo, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique si los funcionarios públicos gozan del derecho de sindicación y cuáles son las disposiciones aplicables en la materia. Por último, el Comité pide también al Gobierno que indique si las federaciones y confederaciones pueden ejercer el derecho de huelga.