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1. Aplicación de una política activa del empleo. En respuesta a la observación de 2003, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria recibida en mayo de 2006 que se ha elaborado una estrategia nacional integral de empleo y trabajo. La Comisión también toma nota de que durante el período examinado se observó una breve disminución del empleo en el sector no estructurado (de 416.804 empleos en 2003 a 416.228 en 2004), que el Gobierno atribuye a la reducción del empleo en el sector público. Por lo que respecta a la reducción de la pobreza, el segundo informe de progreso sobre la ejecución de la estrategia de reducción de la pobreza (PRSP) (julio de 2003 a junio de 2004) se indica que en el marco del programa de autoayuda para el sector periférico urbano, el Gobierno ha previsto la realización de algunos proyectos de infraestructura aplicando técnicas basadas en el empleo encaminados a la construcción de la capacidad de las comunidades vulnerables y creación de empleo que permitan contrarrestar los elevados índices de desempleo del país. La Comisión toma nota también de que la pandemia del VIH/SIDA amenaza los esfuerzos del país para crear capacidad desde que afecta indiscriminadamente al conjunto de la población, tanto a quienes han recibido enseñanza como a quienes no han tenido acceso a la educación, a los trabajadores calificados y a los no calificados. Los largos períodos de enfermedad que afectan a los trabajadores se han traducido en severas pérdidas en la productividad económica. La Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria que contenga información detallada sobre las principales políticas que se llevan a cabo y las medidas tomadas para garantizar trabajo para todas las personas disponibles y que solicitan empleo, en particular en relación con las políticas y medidas aplicadas en el marco de la política nacional del empleo. Sírvase también seguir facilitando información sobre la manera en que la estrategia de Zambia para la reducción de la pobreza contribuye a la creación de empleos productivos en el contexto de una política económica y social coordinada. Además la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien especificar de qué manera su política toma en consideración los efectos del VIH/SIDA en la creación del empleo (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. La Comisión recuerda las expectativas del Gobierno respecto a un proyecto de la OIT sobre Consolidación de la Administración del Trabajo (SLASA) que comprende a Botswana, Lesotho, Malawi y Zambia, y que podría extender su asistencia para elaborar un sistema integral de información sobre el mercado del trabajo. El Gobierno añade que se está examinando, con los interlocutores sociales, un proyecto nacional de política laboral que pronto se presentará ante el Gabinete. Sírvase facilitar información en la próxima memoria sobre la evolución del sistema de información del mercado de trabajo y la adaptación de una política laboral nacional.

3. Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota del Informe de la OIT en el marco de la Conferencia Subregional de Africa Meridional sobre el empleo de los jóvenes (2005) que los jóvenes trabajadores constituyen el 70 por ciento de los 4,7 millones de personas que componen la población activa de Zambia. El deterioro económico, el sistema de enseñanza inadecuado y la pandemia del VIH/SIDA son los factores determinantes del desempleo de los jóvenes en el país. En respuesta, el Gobierno ha elaborado la Política Nacional para el empleo de los jóvenes (2005) y diversos programas destinados al desarrollo de los jóvenes para incrementar las calificaciones de los jóvenes y proporcionarles oportunidades de trabajo. Se invita al Gobierno a facilitar información complementaria sobre la aplicación de esas medidas y una evaluación de su idoneidad para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes trabajadores.

4. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que entre los factores que inciden en los bajos niveles de empleo de Zambia cabe mencionar el bajo nivel de inversiones en materia de educación y formación. La Comisión toma nota de que, en respuesta, el Gobierno tiene la intención de introducir un programa de reforma de la enseñanza y de la formación destinado a mejorar el acceso, la calidad y la equidad en el ámbito de la enseñanza básica y la formación en el país. La Comisión toma nota además de que dicho programa prestará asistencia a la formación destinada a proporcionar calificaciones al sector informal de la economía en respuesta a la demanda actual en el mercado de trabajo, dado que en el sector informal de la economía, el trabajo es la fuente principal de subsistencia de aproximadamente el 80 por ciento de la población activa. La Comisión invita al Gobierno a que, en su próxima memoria, proporcione información detallada sobre la elaboración y aplicación del mencionado programa de reforma. Sírvase también facilitar información específica sobre las medidas adoptadas en virtud de dicho programa para atender a las necesidades en materia de formación de determinadas categorías de trabajadores, por ejemplo mujeres, jóvenes, trabajadores de más edad y trabajadores con discapacidades.

5. Compilación y utilización de información relativa al empleo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual la Oficina Central de Estadística (CSO) lleva a cabo habitualmente encuestas para obtener información relativa a la naturaleza y alcance del desempleo y del subempleo. También toma nota que, desde 2005, el Departamento del Trabajo ha trabajado estrechamente con la CSO en dichas encuestas. La Comisión solicita al Gobierno que informe específicamente de qué modo se utiliza esta información estadística para establecer y revisar las políticas del empleo (artículo 2).

6. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno según la cual se consulta a los interlocutores sociales a través del Consejo Consultivo Tripartito que participan en la elaboración de la  Política del Empleo y del Mercado Laboral. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información más detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en el actual proceso de adopción de decisiones y de revisión de la política nacional del empleo. Sírvase además proporcionar información sobre las consultas con representantes de otros sectores de la población económicamente activa como los que trabajan en el sector rural y en la economía informal (artículo 3).