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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

En su solicitud directa anterior la Comisión había pedido al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para dar cumplimiento al Acuerdo sobre aspectos económicos y situación agraria firmado por el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en 1996. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se ha reformado la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural la cual amplía sus funciones y permite a la sociedad, pueblos indígenas y organizaciones de mujeres tener una participación más directa en la toma de decisiones. El Gobierno subraya además, la reactivación de los Consejos Locales de Desarrollo (COLODES) que permiten también la participación de la población rural en la toma de decisiones. Además, se ha creado el Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS), la Comisión Nacional para la Asistencia Legal y Resolución de Conflictos de Tierra (CONTIERRA), la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Unidad de Prevención para la Resolución de Conflictos (UPRECO). Sin embargo, el Gobierno señala que la falta de fondos ha imposibilitado el avance de estos organismos, si bien se ha logrado mayor seguridad jurídica en cuanto a la propiedad de las tierras. La Comisión pide al Gobierno que continúe realizando todos los esfuerzos a su alcance para dar cumplimiento al Acuerdo sobre aspectos económicos y situación agraria.

La Comisión también había pedido al Gobierno que señalara el modo en que ha impulsado políticas y reformas tendientes a facilitar la constitución de organizaciones sindicales de trabajadores rurales (artículo 4 del Convenio). A este respecto, la Comisión toma nota de que según el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se encuentra ejecutando un proyecto de política nacional de asesoría gratuita para trabajadores que deseen organizarse sindicalmente, la cual permitirá llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo. Dicho proyecto se encuentra en la etapa de capacitación del personal de la Dirección General del Trabajo del área metropolitana y los directores regionales del interior de la República. La Comisión pide al Gobierno que continúe manteniéndolo informado de toda medida concreta adoptada a este respecto.