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La Comisión toma nota con satisfacción de la respuesta suministrada por el Gobierno en su memoria indicando que se adoptó el 15 de septiembre de 1999, la ley marco de regulación del empleo público (ley núm. 25164), y que en virtud de su artículo 4 dejaron de tener vigencia los artículos 8, g) y 33, g), de la ley núm. 22140 los cuales eran considerados contrarios al Convenio. Estas disposiciones prohibían el acceso a la administración pública nacional y disponían sobre la destitución de los agentes públicos por su vinculación presente o pasada con grupos que aboguen por la negación de los principios constitucionales o por la adhesión personal a una doctrina de esa índole.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al Gobierno.