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ades locales o en servicios públicos, incluidos los servicios esenciales -, deben seguir siendo libres de poner fin a su relación de trabajo, dando un preaviso razonable. De lo contrario, una relación contractual basada en la voluntad de las partes puede ser transformada en un servicio, impuesto por la ley, lo cual es incompatible, tanto con el presente Convenio como con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), igualmente ratificado por Pakistán. Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que la ley de servicios esenciales de Pakistán y las correspondientes leyes provinciales sean, en un futuro próximo, derogadas o enmendadas, con el fin de garantizar la observancia del Convenio, y de que el Gobierno informe sobre las medidas adoptadas al respecto.

5. La Comisión se había referido con anterioridad a los artículos 100 y 103 de la ley de la marina mercante, en virtud de la cual podían imponerse penas que implicaban la relación con diversas infracciones a la disciplina del trabajo por parte de la gente de mar, y que ésta pudiera ser obligada a regresar a bordo de un buque para ejecutar su trabajo. Tomó nota de las indicaciones del Gobierno en sus memorias de 1997 y 1999, según las cuales había vuelto a introducir en el proyecto de ley de la marina mercante, con algunas modificaciones, los mencionados artículos de la ley. El Gobierno indica en su última memoria que el proyecto de ley se había convertido en la ordenanza núm. 2001, que se encuentra en proceso de promulgación. En opinión del Gobierno, la nueva ordenanza da cumplimiento a las exigencias del Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten, en un futuro próximo, las enmiendas necesarias, con el fin de suprimir, de los artículos 100 y 100, ii), iii) y v) de la ley de la marina mercante las sanciones que implican trabajo forzoso (o limitar su ámbito de aplicación a delitos cometidos en circunstancias que pongan en peligro la seguridad del buque o la vida, la seguridad personal o la salud de las personas) y derogar las disposiciones de los artículos 101 y 102 de la ley, en virtud de las cuales la gente de mar puede ser obligada a regresar a bordo de un buque para cumplir con sus obligaciones. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados al respecto.

6. En comentarios que viene formulando durante muchos años, la Comisión se había referido a los artículos 54 y 55 de la ordenanza de relaciones de trabajo (núm. XXIII, de 1969), en virtud de los cuales todo aquel que cometa una infracción o no cumpla con alguna cláusula de cualquier acuerdo, laudo o decisión, puede ser castigado con penas de prisión que pueden implicar trabajo obligatorio. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para armonizar la ordenanza de relaciones de trabajo con el Convenio, mediante la derogación de los artículos 54 y 55 de la ordenanza, o mediante la derogación de las sanciones que pueden implicar trabajo obligatorio, o a través de la limitación de su ámbito de aplicación a las circunstancias que pusieran en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la población. En la discusión de la Comisión de la Conferencia, de junio de 2000, el representante gubernamental indicó que los artículos 54 y 55 se habían presentado a la comisión tripartita sobre la refundición, simplificación y racionalización de las leyes de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su última memoria, según la cual la Comisión ha finalizado sus recomendaciones, sobre la base de la elaboración, en la actualidad, de proyectos de leyes de trabajo. Expresa la firme esperanza de que la ordenanza de relaciones de trabajo se armonice con el Convenio, y de que el Gobierno comunicará informaciones detalladas sobre las disposiciones adoptadas al respecto.

Artículo 1, a) y e)

7. En comentarios que viene formulando desde hace varios años, la Comisión se había referido a algunas disposiciones de la ley de seguridad de Pakistán, de 1952 (artículos 10-13), a la ordenanza sobre la prensa y las publicaciones de Pakistán occidental, de 1963 (artículos 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 y 59) y de la ley de partidos políticos, de 1962 (artículos 2 y 7), que confieren a las autoridades amplios poderes discrecionales para prohibir la publicación de opiniones y ordenar la disolución de asociaciones, sujetas a penas de prisión que pueden implicar la ejecución de trabajo obligatorio.

8. En lo que concierne a la ordenanza sobre la prensa y las publicaciones de Pakistán occidental, de 1963, la Comisión había tomado nota anteriormente de la indicación del Gobierno en su memoria, así como de las informaciones comunicadas por el representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia, en junio de 2000, según las cuales la ordenanza había sido derogada en 1998 y se había promulgado la ordenanza relativa al registro de la prensa y las publicaciones, de 1988. Sin embargo, el Gobierno indicó en su última memoria que esta última ordenanza caducó en 1997, de modo que tal ley no está en vigor en la actualidad. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su última memoria, según la cual ha finalizado el proyecto de una nueva ley de prensa, en consulta con la Sociedad de Periódicos de Pakistán (APNS) y con el Consejo de Editores de Periódicos de Pakistán (CPNE). El Gobierno indica que el proyecto se encuentra en proceso de examen actualmente. La Comisión insta al Gobierno a que envíe una copia de la nueva ley de prensa, tan pronto sea adoptada.

9. En lo que concierne a la ley de seguridad de Pakistán, de 1952, y a la ley de partidos políticos, de 1962, la Comisión había tomado nota previamente que, en la discusión de la Comisión de la Conferencia en junio de 2000, el representante gubernamental indicó que ambas leyes se habían sometido a las autoridades competentes. Toma nota que la última memoria del Gobierno no contiene nuevas informaciones al respecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adoptarán en breve las medidas necesarias para armonizar las disposiciones mencionadas anteriormente con estas leyes, de conformidad con el Convenio, y que el Gobierno comunicará informaciones sobre los progresos realizados. En tanto se espera la modificación de dichas disposiciones, se insta nuevamente al Gobierno a que proporcione informaciones sobre la aplicación práctica, inclusive el número de decisiones y copias de todos los fallos de los tribunales que definan o ilustren el ámbito de la legislación.

10. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a los artículos 298B, 1) y 2), y 298C del Código Penal, insertados por la ordenanza núm. XX, de 1984, sobre la prohibición y el castigo de las actividades antiislámicas del grupo Quadiani, del grupo Lahori y de los Ahmadis, en virtud de los cuales toda persona de estos grupos que utilice epítetos, nomenclaturas y títulos islámicos, será sancionado con penas de prisión por un período que puede extenderse a tres años.

11. La Comisión ha tomado nota de la reiterada afirmación del Gobierno en sus memorias, según la cual la discriminación religiosa no existe y está prohibida en virtud de la Constitución, lo que garantiza la igualdad de ciudadanía y de derechos fundamentales a las minorías que viven en el país. El Gobierno declara que, sujetas a la ley, al orden público y a la moralidad, las minorías tienen el derecho de profesar y difundir su religión, y de establecer, mantener y administrar su institución religiosa. Según el Gobierno, el Código Penal impone a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su convicción religiosa, la obligación de respetar los sentimientos religiosos de terceros y se castigará a cualquiera que, con independencia de su convicción religiosa, profese la religión de tal modo que lesione los sentimientos de otra comunidad. El Gobierno indica que los rituales religiosos a los que se hace referencia en la ordenanza núm. XX están prohibidos únicamente si se practican en público, mientras que la práctica de los mismos en el ámbito privado, que no provoque a terceros, queda excluida de dicha prohibición.

12. La Comisión había tomado nota previamente del informe sometido a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1991, por el Relator Especial sobre la aplicación de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o en las convicciones (documento E/CN.4/1990/46, de 12 de enero de 1990). Dicho informe se refería a alegatos, según los cuales, en base a los artículos 298B, y 298C del Código Penal, en los distritos de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar y Attock se habían incoado procesos contra algunas personas por haber utilizado determinadas formas de saludo. La Comisión tomó nota asimismo del informe del Relator Especial presentada a la Comisión de Derechos Humanos, en 1992 (documento E/CN.4/1992/52, de 18 de diciembre de 1991), en el que se alegaba que en abril de 1990, nueve personas habían sido condenadas a dos años de prisión por infracciones a la ordenanza núm. XX de 1984, y que en 1988 se había condenado a un año de prisión a una persona por haber llevado una determinada insignia, sentencia que fue anulada por el Tribunal de Apelaciones. Se declaró también que, durante los cuatro años anteriores se había prohibido la publicación del diario de la comunidad Ahmadis, habían sido procesados el jefe de redacción, el editor y el impresor de dichos periódicos, y se habían prohibido y confiscado los libros y las publicaciones de la comunidad Ahmadis. Se hizo también referencia a las sentencias en virtud de los artículos 298B y 298C del Código Penal, de dos miembros de la comunidad Ahmadis, a varios años de reclusión.

13. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información exacta sobre la aplicación práctica de las disposiciones de los artículos 298B y 298C del Código Penal, incluido el número de personas condenadas y copias de las decisiones de los tribunales, en particular, en los procedimientos mencionados por el Relator Especial, así como de todo fallo de los tribunales en los que se estableciera la incompatibilidad de los artículos 298B y 298C con los preceptos constitucionales. El Gobierno indica en su última memoria que se han registrado cinco casos en el distrito de Attock contra personas pertenecientes a la comunidad Ahmadis: el Tribunal Supremo había absuelto a cuatro personas y se había mantenido la sentencia contra una persona. La Comisión también toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en cuatro casos registrados contra personas pertenecientes al grupo Quadiani, que estaban manifestándose y convenciendo a otras personas a integrarse en el grupo, en virtud del artículo 298Cdel Código Penal: se comunicaron dos casos de anulación y otros dos casos pendientes de juicio en los tribunales. La Comisión observa que no se han proporcionado informaciones sobre decisiones de los tribunales que contradijeran las observaciones del Relator Especial referidas anteriormente.

14. Al tomar nota de esta información, la Comisión señala una vez más, haciendo referencia igualmente a las explicaciones facilitadas en los párrafos 133 y 141 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, que el Convenio no prohíbe el castigo mediante sanciones que implican la ejecución de trabajo obligatorio de las personas que utilizan la violencia, incitan a la violencia o participan en actos preparatorios de acciones de violencia. En cambio, cuando se aplicaba un castigo que implicaba la ejecución de trabajo obligatorio por haber expresado pacíficamente opiniones religiosas, o cuando tales sanciones (por cualquier delito) se aplican con más rigor, o incluso exclusivamente, a determinados grupos definidos en términos sociales o religiosos, ello cae dentro del ámbito de aplicación del Convenio. En consecuencia, la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las medidas necesarias en relación a los artículos 298B y 298C del Código Penal, para garantizar la observancia del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.