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La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a sus comentarios anteriores.

La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos siguientes:

Artículo 3 del Convenio: Derecho de las organizaciones de organizar su administración y de formular su programa sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión había tomado nota de que los artículos 1, 3, 4 y 5 del decreto‑ley núm. 90‑02, de 6 de febrero de 1990, que tratan del arbitraje obligatorio, contienen disposiciones que comportan riesgo de menoscabar el derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción para la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus afiliados, en particular mediante el recurso a la huelga, sin injerencia de las autoridades públicas.

En relación con el decreto‑ley núm. 92‑03, de 30 de septiembre de 1992, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera la respuesta comunicada en el marco de su memoria anterior, a saber, que dicho decreto‑ley no se refiere ni al derecho de huelga ni al derecho sindical y que esas disposiciones nunca se aplicaron a los trabajadores que hubieran ejercido pacíficamente su derecho de huelga. La Comisión recuerda, no obstante, que el artículo 1, leído conjuntamente con los artículos 3, 4 y 5 del decreto‑ley núm. 92‑03, califica de actos subversivos o terroristas las infracciones dirigidas especialmente a la estabilidad y al funcionamiento normal de las instituciones mediante cualquier acción que tenga por objeto: 1) obstaculizar el funcionamiento de los establecimientos que gestionan servicios públicos o 2) entorpecer la circulación o la libertad en las vías y plazas públicas bajo pena de importantes sanciones que pueden llegar hasta 20 años de reclusión. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien adoptar medidas a través de la vía legislativa o reglamentaria, para garantizar que en ningún caso puedan aplicarse estas disposiciones contra los trabajadores que hubieran ejercido pacíficamente su derecho de huelga.

En lo que respecta al artículo 43 del decreto-ley núm. 90‑02, de 6 de febrero de 1990, la Comisión había observado que esa disposición prohíbe la huelga no sólo en los servicios esenciales cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los ciudadanos, una prohibición, que la Comisión siempre ha considerado admisible, sino también cuando la huelga sea susceptible de entrañar por sus efectos una crisis económica grave. Además, el artículo 48 de la ley confiere al ministro o a la autoridad competente, en caso de persistencia de la huelga y tras el fracaso de la mediación, la facultad de someter, previa consulta con el empleador y con los representantes de los trabajadores, un conflicto colectivo del trabajo a la comisión de arbitraje. La Comisión desea recordar, sin embargo, que el recurso al arbitraje para hacer cesar un conflicto colectivo no debería poder ejercerse sino a solicitud de las dos partes y/o que la imposición de arbitraje para poner fin a una huelga no debería producirse sino en el caso de huelga en los sectores esenciales en el sentido estricto del término, o en caso de una huelga cuya amplitud y duración comportaran el riesgo de provocar una crisis nacional aguda. Por consiguiente, insta nuevamente al Gobierno a que tenga a bien modificar su legislación en el sentido indicado con anterioridad para armonizarla totalmente con los principios de libertad sindical.