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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la nueva legislación sobre los sindicatos y el reglamento de los conflictos de trabajo colectivos, que entraron en vigor en 1991.

La Comisión comprueba con satisfacción que la nueva ley sobre los sindicatos garantiza una mejor aplicación del Convenio a las personas empleadas por las autoridades públicas, pues suprime la obligación de que los funcionarios se afilien a un sindicato de funcionarios y restringe el ámbito de las disposiciones que excluyen a ciertos funcionarios que ejercen funciones de carácter confidencial estricto o tareas de dirección del derecho de sindicación.