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La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno y de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en 1989.

En comentarios anteriores, la Comisión ha venido refiriéndose al decreto núm. 105, de 7 de junio de 1967, que permite castigar con penas de prisión de dos a cinco años a quien provocare paro colectivo o fuere dirigente del mismo. La pena prevista en el mismo decreto para quien participe en un paro sin provocarlo, o ser dirigente, es de prisión correccional de tres meses a un año. A los efectos de esta disposición "hay paro cuando se produzcan cesación colectiva de actividades, imposición de cierre de fábricas fuera de los casos permitidos por la ley, paralización de vías de comunicación y otros hechos antisociales semejantes". Las penas de prisión conllevan trabajo obligatorio en virtud de los artículos 55 y 66 del Código Penal.

La Comisión también se había referido al artículo 65 del Código de Policía Marítima, el cual prohíbe a los tripulantes de una nave ecuatoriana pedir desembarcar en un puerto que no sea el de embarque, salvo mutuo acuerdo con el capitán. Dispone también que si un tripulante desertara perderá su alcance y su equipaje a beneficio del buque y, si fuere capturado, pagará los gastos de aprehensión y será castigado conforme a las ordenanzas navales vigentes de la armada.

La Comisión había expresado la esperanza de que se tomarían medidas con relación a estas disposiciones para garantizar la aplicación del artículo 1, c) y d), del Convenio. Además, la Comisión había solicitado del Gobierno que comunicase información sobre la aplicación práctica de los artículos 130, 133, 134, 148, 153, 155 y 367 del Código Penal, al objeto de poder evaluar el alcance de estas disposiciones a la luz del artículo 1, a) y c), del Convenio.

La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno se ha referido en su memoria a varios proyectos de decreto elaborados con asistencia de representantes del Director General de la OIT en noviembre de 1989. A tenor de estos proyectos de decreto, el decreto legislativo núm. 105 se interpreta como inaplicable a las huelgas o a los conflictos colectivos del trabajo; se deroga el artículo 165 del Código de Policía Marítima; los artículos 53, 54, 55 y 66 del Código Penal y el artículo 22 del Código de Aplicación Penal y Rehabilitación Social se interpretarán obligatoriamente en el sentido de que el trabajo de personas condenadas en centros de detención y reeducación será voluntario y que el fruto de su trabajo redundará exclusivamente en beneficio de la persona condenada.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que estos textos se presentarán de inmediato al Congreso, con el apoyo del poder ejecutivo y de que seguirá proporcionando información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión toma nota con interés de que, según indicación del Gobierno en su memoria, no se ha dictado ninguna decisión judicial relativa a los antedichos artículos del Código Penal y espera que el Gobierno pueda indicar en un próximo futuro la adopción de los proyectos de decreto.