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En su solicitud directa anterior, la Comisión se había referido a la reglamentación sobre reuniones públicas.

La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que indique si están todavía en vigor, el decreto núm. 2132 de 1976 que prohíbe las reuniones públicas (artículo 1, c)) y el decreto núm. 1923 de 1978 sobre el estatuto de la seguridad, que prohíbe toda ocupación transitoria de lugares públicos, o abiertos al público, o de oficinas de entidades públicas o privadas con el fin de presionar una decisión de las autoridades legítimas (artículo 7).